El Gobierno nacional puso en marcha una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica y ampliar el acceso al crédito, con el objetivo de favorecer la recuperación antes de las elecciones presidenciales de 2027. Desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció siete iniciativas que incluyen facilidades fiscales para las PyMEs, flexibilización del financiamiento y estímulos a la construcción y al sector automotor. Paralelamente, el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en nuevas herramientas para ampliar el crédito en pesos. La estrategia oficial busca dinamizar la economía sin incrementar el gasto público ni comprometer el superávit fiscal.
Entre las medidas más recientes, anunciadas durante el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), se destacan tres iniciativas vinculadas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En primer lugar, se dispuso una suspensión temporal de embargos para determinadas PyMEs, con el objetivo de aliviar su situación financiera. Asimismo, se anunció la ampliación de un régimen de facilidades de pago de hasta 18 cuotas, que permitirá incorporar obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. Finalmente, se habilitó a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros, buscando mejorar su disponibilidad de recursos.
En materia de financiamiento, el Banco Nación anunció una nueva línea de créditos para la compra de automóviles, con una tasa de interés del 25% y plazos de tres, cuatro y cinco años. Según versiones extraoficiales, el financiamiento podría estar destinado a vehículos de producción nacional, aunque esta condición todavía requiere confirmación oficial. De acuerdo con los economistas consultados, esta herramienta podría tener un impacto más directo sobre la actividad económica, mientras que las medidas fiscales apuntan principalmente a evitar un mayor deterioro de la situación de las PyMEs.
Por otra parte, el Gobierno avanzó con iniciativas destinadas a reactivar el sector de la construcción. En agosto se anunció la flexibilización del acceso a créditos en dólares, eliminando la exigencia que limitaba estos préstamos a quienes generaran divisas o contaran con garantías de empresas exportadoras. Si bien la modificación no establece restricciones sectoriales, el Ministerio de Economía señaló que uno de sus principales objetivos es favorecer la actividad de la construcción. Complementariamente, se anunció un esquema de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para proporcionar a los bancos hasta $2 billones de financiamiento de largo plazo, destinados a ampliar la oferta de créditos hipotecarios. Las licitaciones contemplan montos de hasta $200.000 millones, con alternativas a un año a una tasa mínima de UVA + 2,5% o a cinco años a UVA + 4,5%.
En el plano tributario, el Ejecutivo también resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles, mediante el Decreto 1305/2026, que estableció el 1° de diciembre de 2026 como nueva fecha para aplicar el ajuste. La decisión se adoptó en un contexto de volatilidad internacional del petróleo y aumentos en los precios de los combustibles, con el propósito de evitar una presión adicional sobre los consumidores y la inflación.
Adicionalmente, el BCRA y la CNV preparan nuevas iniciativas para facilitar el acceso al crédito en pesos. Entre ellas, se contempla eliminar el tope de tasas de interés para determinados préstamos personales de empleados públicos con descuento de haberes y permitir la transferencia de sus códigos de descuento entre entidades habilitadas. Para los trabajadores del sector privado, se proyecta centralizar los flujos de pago de créditos con descuento salarial a través de Coelsa, sin trasladar nuevas tareas administrativas a los empleadores.
Otra de las propuestas apunta a reconocer los cupones de tarjetas como instrumentos legales, digitales y transferibles, permitiendo que los comercios puedan utilizarlos para obtener financiamiento antes de recibir la acreditación definitiva de sus ventas. Asimismo, se prevé habilitar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) a respaldar una mayor cantidad de préstamos con el mismo fondo de garantía, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito de las PyMEs y mejorar sus condiciones de financiamiento.
En conjunto, estas medidas reflejan la intención del equipo económico de estimular la actividad mediante el crédito, la flexibilización financiera y el alivio fiscal, sin recurrir a políticas expansivas del gasto público. No obstante, varias de las iniciativas del BCRA y la CNV todavía se encuentran en preparación, por lo que su alcance definitivo dependerá de las disposiciones que se adopten para su implementación