Se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Embalajes Post Consumo, que propone establecer un régimen nacional basado en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La iniciativa retoma el proyecto presentado en la Cámara de Diputados en 2025 por Carlos González D’Alessandro, bajo el expediente 1059-D-2025, y reproduce sustancialmente su articulado.
El proyecto establece que las empresas que introduzcan por primera vez productos envasados en el mercado nacional deberán asumir la responsabilidad por la gestión ambiental y el financiamiento de los envases una vez consumidos. El régimen comprende envases y embalajes primarios, secundarios y terciarios, tanto de fabricación nacional como importados, y excluye aquellos regulados por normas específicas y los destinados a exportación.
Para cumplir estas obligaciones, los productores responsables deberán implementar sistemas privados de gestión, individuales o colectivos, mediante Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o mecanismos de Depósito, Devolución y Retorno (DDR). En el caso de los SIG, cada productor deberá afrontar los costos correspondientes a los envases que introduzca en el mercado. El proyecto también contempla obligaciones de identificación de productos, suministro de información, declaraciones juradas anuales y la creación de un Sistema Único de Trazabilidad.
En materia de objetivos ambientales, la iniciativa dispone que, transcurridos diez años desde la entrada en vigencia de su reglamentación, los productores responsables deberán valorizar el 30% de la totalidad de los materiales generados por ellos a nivel nacional. Asimismo, prevé un régimen de infracciones y sanciones que incluye apercibimientos, multas de entre 100 y 1.000 sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, suspensión de actividades y, en los casos correspondientes, clausura de instalaciones.
En cuanto a sus fundamentos, la nueva presentación destaca el consenso alcanzado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y distintas cámaras sectoriales vinculadas con la cadena de envases, que promueven un marco normativo para la recuperación y valorización de estos residuos. El objetivo es permitir que los productores organicen y financien sistemas de gestión, aprovechando la infraestructura existente y articulando con los actores públicos y privados involucrados.
Cabe señalar que la versión de 2026 no introduce modificaciones sustanciales en las obligaciones previstas en el proyecto de 2025. La principal diferencia se encuentra en la ampliación de los fundamentos y en el respaldo sectorial expresado para impulsar su tratamiento legislativo.
Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa y no de una ley vigente, por lo que las obligaciones y sanciones descriptas quedarían sujetas a su eventual aprobación y posterior reglamentación