El Gobierno de Estados Unidos analiza ampliar el financiamiento disponible para empresas que operan en Argentina por hasta USD 30.000 millones, mediante instrumentos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportaciones e Importaciones estadounidense (Eximbank). La iniciativa se encuentra en evaluación y apunta principalmente a proyectos estratégicos vinculados con energía, minería, infraestructura y logística.
La posibilidad de ampliar el respaldo financiero se conoció después de la firma del acuerdo Corredor Andes-Atlántico, en cuyo marco el Eximbank anunció financiamiento por USD 7.000 millones para proyectos estratégicos relacionados con operaciones comerciales de empresas estadounidenses. Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, señaló que podría disponerse de financiamiento por USD 20.000 millones hasta 2027, como parte del respaldo de Washington al Gobierno argentino.
Durante la reciente visita del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, representantes de su comitiva explicaron a las empresas que la DFC podría destinar hasta USD 20.000 millones a inversiones en Argentina, cifra equivalente al 10% de su capacidad total de financiamiento. Paralelamente, el Eximbank estudia mejorar la clasificación de riesgo de Argentina dentro de su cartera, lo que permitiría habilitar hasta USD 10.000 millones adicionales. Según informó Alejandro Díaz, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (AmCham), ambas alternativas continúan bajo análisis y todavía no constituyen compromisos de desembolso.
Los mecanismos contemplados incluyen préstamos, garantías y seguros, con la posibilidad de atraer financiamiento complementario de otras entidades. En particular, la DFC no suele actuar como financiador exclusivo de los proyectos, sino que establece límites de participación y contribuye a movilizar recursos adicionales. Actualmente, al menos 25 proyectos de empresas que operan en Argentina se encuentran bajo evaluación de la DFC. El organismo mantiene restricciones para financiar empresas bajo control estatal, aunque estas no necesariamente alcanzan a compañías que tengan entre sus accionistas a entidades estatales.
Entre los sectores prioritarios se destacan la logística vinculada con minerales críticos, especialmente cobre y litio, y la producción de petróleo y gas. Estas actividades forman parte de los intereses estratégicos de ambos países y requieren inversiones de largo plazo en infraestructura, transporte y capacidad productiva.
En el caso del sector energético, particularmente Vaca Muerta, referentes del mercado señalaron que las elecciones de 2027 no representan actualmente una preocupación central para sus decisiones de inversión. Si bien consideran importante preservar las políticas que impulsaron la expansión de la actividad, incluido el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), destacan que el desarrollo de Vaca Muerta ha mantenido continuidad a través de distintas administraciones. No obstante, advirtieron que cambios significativos en las condiciones regulatorias podrían generar inquietud entre las casas matrices de las compañías inversoras.
Finalmente, las expectativas sobre el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minerales se vinculan con su creciente participación en el comercio exterior argentino y con la posibilidad de fortalecer la balanza comercial. En este contexto, los USD 30.000 millones representan una capacidad potencial de financiamiento bajo evaluación, y no fondos ya aprobados o desembolsados.