Les comparto un resumen claro sobre qué establece la Ley de Glaciares (Ley 26.639) y cuáles son los principales cambios que introduce la reforma recientemente aprobada, en medio de un fuerte debate ambiental y productivo.
Marco vigente (Ley 26.639):
Protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, clave para consumo, agricultura, energía y biodiversidad.
Declara a los glaciares bienes públicos y crea el Inventario Nacional de Glaciares (a cargo del IANIGLA).
Prohíbe actividades que puedan dañarlos, como minería, hidrocarburos, industrias o infraestructura no científica.
Solo permite actividades limitadas (investigación, rescate y turismo no invasivo).
Exige evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana para proyectos en zonas cercanas.
Cambios que introduce la reforma:
Se modifica la protección del ambiente periglacial, que ahora solo se resguarda si se demuestra una “función hídrica relevante” (antes era protección general).
Se otorga mayor poder a las provincias, que pasan a ser autoridad de aplicación y control, incluyendo la evaluación de proyectos.
Se flexibilizan las restricciones, lo que podría habilitar actividades productivas (como minería) en zonas previamente protegidas.
Se reduce el rol de la ciencia en la delimitación de glaciares, dando lugar a criterios más políticos o económicos.
Contexto y debate:
La reforma busca fomentar inversiones y dar mayor “seguridad jurídica”, especialmente en minería (litio).
Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales advierten riesgos sobre el acceso al agua y la degradación de ecosistemas clave.
Ya comenzó la judicialización, con amparos de ONGs y provincias que cuestionan la constitucionalidad de la norma.
Por qué es clave:
Los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y sostienen gran parte del sistema productivo.
Su retroceso, acelerado por el cambio climático, pone en riesgo la seguridad hídrica del país.