El *Gobierno Nacional*, a través de la *Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa*, firmó el *26 de octubre de 2026* una
serie de convenios de colaboración con cámaras empresariales y plataformas
digitales para *fortalecer la fiscalización del comercio electrónico y
combatir el contrabando, el fraude marcario y la comercialización de
productos que incumplan los reglamentos técnicos vigentes*.
Los acuerdos fueron suscriptos con la *Cámara Argentina de Comercio y
Servicios (CAC)*, la *Cámara Argentina de Comercio Electrónico
(CACE)*, la *Cámara
de Importadores de la República Argentina (CIRA)*, la *Unión Industrial
Argentina (UIA)*, la *Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de
Electrónica (AFARTE)* y la *Asociación de Supermercados Unidos (ASU)*.
Asimismo, se incorporaron mediante convenios específicos *Mercado Libre,
Meta —a través de Facebook e Instagram—, Frávega y Cetrogar*.
El principal mecanismo previsto consiste en el *intercambio de información
entre las plataformas comerciales y el Estado Nacional*. Las empresas
participantes aportarán datos sobre los principales vendedores de
categorías consideradas sensibles, entre ellas *celulares, notebooks,
cosméticos, juguetes y neumáticos*. Posteriormente, la *Agencia de
Recaudación y Control Aduanero (ARCA)* cruzará esa información para
detectar inconsistencias e indicios de ingreso o comercialización irregular
de mercadería. Por su parte, *Meta se comprometió a dar de baja los sitios
denunciados en Facebook e Instagram*.
Cuando se identifiquen posibles incumplimientos, las autoridades podrán
actuar conforme al *Protocolo de Vigilancia de Mercado, aprobado por la
Resolución 56/2026*, destinado a verificar que los productos y servicios
comercializados cumplan con las exigencias de *seguridad, calidad e
información al consumidor*. Los procedimientos podrán derivar, según
corresponda, en el *retiro de productos del mercado, el cese de su
comercialización y la intervención de la Justicia*.
Los convenios también contemplan *campañas de comunicación dirigidas a
vendedores y proveedores*, orientadas a reforzar el conocimiento de las
obligaciones comerciales vigentes, especialmente aquellas relacionadas con
el *origen de los productos ofrecidos*.
Durante la firma, las autoridades nacionales y los representantes del
sector privado destacaron la importancia de profundizar la cooperación
público-privada para *prevenir prácticas comerciales ilícitas, combatir la
competencia desleal y promover condiciones de competencia más equitativas
en los canales digitales*.