Presupuesto 2026
La aprobación del Presupuesto 2026 representaría un primer paso clave dentro de la agenda legislativa del Gobierno y un hito relevante tras dos años sin una ley de gastos y recursos. Valoramos positivamente la decisión de avanzar sin el artículo 11, introduciendo los ajustes necesarios, en lugar de retroceder con todo el proyecto, lo que habría implicado mayores costos políticos e incertidumbre. De concretarse la sanción, sería una señal constructiva para los mercados, ya que mostraría capacidad del oficialismo para articular consensos y aprobar leyes relevantes en el Congreso. Este aspecto es particularmente importante de cara a las reformas estructurales que el Gobierno buscará impulsar en el próximo año. En ese escenario, los Fondos que más podrían beneficiarse de un marco macroeconómico y político más previsible son el Wise Capital Multistrategy y el Wise Capital Equity, dada su exposición a activos sensibles al ciclo y a mejoras en las expectativas de largo plazo.
El año aún no termina: el Gobierno apura la sanción del Presupuesto 2026
Luego de más de un mes de conversaciones con los gobernadores, el oficialismo busca hoy lograr la aprobación definitiva del Presupuesto 2026 y poner fin a dos años consecutivos sin una ley de gastos y recursos. En la misma sesión también se debatirá el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que propone cambios en el Régimen Penal Tributario y un esquema simplificado para el Impuesto a las Ganancias. En Casa Rosada persiste la preocupación por lo ocurrido en Diputados, donde una resistencia de legisladores provinciales impidió la aprobación de un capítulo clave del texto. Aquella votación frustró artículos que contemplaban, entre otros puntos, la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, modificaciones en la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, cambios en asignaciones familiares y un recorte del alcance del régimen de zona fría. Ahora, la atención se centra en el artículo 30 del proyecto, que elimina normas que establecen pisos mínimos de financiamiento para educación y ciencia. El oficialismo advierte que cualquier cambio en la redacción obligaría a que el Presupuesto regrese a Diputados, que tendría un margen muy acotado (apenas dos días) para volver a tratarlo antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para la medianoche del 30 de diciembre. En cuanto a los supuestos macroeconómicos, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5,4%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año, lo que implicaría una apreciación del peso frente a los valores actuales. Además, el Gobierno fija como objetivo un superávit fiscal primario equivalente al 1,5% del Producto.
En una nota publicada en Infobae comentamos: “La aprobación de la ley de leyes le permitiría al Gobierno avanzar con emisiones en dólares bajo legislación extranjera, formato preferido por los inversores internacionales. De sostenerse este escenario, el próximo año el Tesoro tendría margen para recuperar el rollover de su deuda”.
Acciones: un 2025 volátil
Con el calendario a punto de cerrarse, el balance del mercado accionario argentino deja una lectura poco alentadora. A lo largo de 2025, las acciones atravesaron un escenario marcado por la inestabilidad, donde los factores políticos y macroeconómicos pesaron más que las expectativas de crecimiento de largo plazo. En números, el desempeño fue dispar según la moneda de medición: el S&P Merval logró una suba moderada del 24% en pesos desde comienzos de año, pero al ajustarlo por el tipo de cambio el resultado se vuelve negativo, con una baja acumulada cercana al 5% en dólares. El contraste refleja un año de alta volatilidad y retornos reales limitados para los inversores.
El dólar y un año marcado por la contienda electoral
El dólar volvió a ocupar un lugar central en las decisiones de ahorro de los argentinos durante 2025, un año atravesado por el calendario electoral y, como suele ocurrir en esos contextos, por una mayor demanda de cobertura cambiaria. A lo largo del período, la divisa mostró un comportamiento marcado por fuertes oscilaciones, con picos de tensión a medida que se acercaban las instancias electorales. Desde mitad de año, el proceso electoral comenzó a presionar al tipo de cambio. La tendencia alcista se intensificó a partir de julio y ganó mayor fuerza en septiembre, en coincidencia con las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. A ese escenario se sumó un cambio estructural en el mercado cambiario: el levantamiento del cepo para personas humanas, anunciado el 11 de abril por el Ministerio de Economía y el Banco Central. Desde el 14 de abril, los ahorristas pudieron volver a comprar dólares en el mercado oficial sin restricciones y sin la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, lo que dio inicio a un nuevo esquema de flotación. Sin embargo, la presión dolarizadora propia de un año electoral obligó al Gobierno a intervenir en distintos momentos para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio. Incluso, a lo largo de 2025, el Tesoro de Estados Unidos tuvo un rol activo para contener una escalada mayor del dólar. En ese contexto, el dólar mayorista llegó a la Nochebuena en $1.451, lo que implica un aumento de $418 o 40,5% frente a los $1.032 registrados en diciembre del año anterior. La suba superó cómodamente a la inflación acumulada en los primeros once meses del año, que alcanzó el 27,9%, por lo que el tipo de cambio oficial terminó ganándole al Índice de Precios al Consumidor. La comparación con las alternativas de inversión en pesos arroja resultados más dispares. En el mercado financiero, el dólar MEP cerró en $1.481,63 con un avance anual de 26%, mientras que el contado con liquidación acumuló una suba del 31%, hasta los $1.526,89. En promedio, el MEP quedó por debajo del rendimiento del plazo fijo y de la inflación, aunque el desempeño del dólar mayorista mostró una dinámica distinta. Con este nivel de volatilidad, el balance del año no es concluyente: el dólar volvió a ser refugio en un contexto de incertidumbre política, pero su rendimiento dependió del tipo de cotización considerada y no siempre superó a las alternativas en pesos.
Disciplina fiscal, volatilidad financiera y un 2026 que asoma con crecimiento moderado
El cierre del año deja un balance marcado por el orden macroeconómico y un desempeño financiero desigual. La estrategia oficial se concentró en acelerar el proceso de desinflación mediante un ancla fiscal firme, que permitió estabilizar las variables nominales, aunque con un costo visible en la dinámica de la actividad, que fue perdiendo tracción con el correr de los meses. El escenario político también jugó su papel. El resultado electoral reordenó el mapa institucional y redujo, al menos en el corto plazo, el riesgo de un giro abrupto en la política económica. Esa señal fue leída por el mercado en el tramo final del año como un factor de mayor previsibilidad y continuidad del rumbo. En ese contexto, los bonos hard dollar se consolidaron como los activos más favorecidos del año y, según los analistas, aún podrían exhibir margen para una mayor compresión de spreads. En el frente cambiario, la puesta en marcha del esquema de bandas llevó al dólar mayorista de $1.032,5 en enero a $1.200 en abril. Sin embargo, el desarme de las LEFI y, más adelante, una nueva etapa de incertidumbre (pese al respaldo del FMI) reavivaron la volatilidad, esta vez concentrada en el mercado de tasas. La reacción no tardó en llegar: la TAMAR trepó del 32,6% en abril al 64,9% en septiembre. En ese lapso, el Gobierno avaló un nivel elevado de tasas para contener la dolarización, mientras el tipo de cambio escaló de $1.280 en julio a $1.490,5 en octubre, en la antesala de los comicios. De cara a 2026, el consenso de mercado proyecta un crecimiento del PBI cercano al 3%, apalancado en la inversión y en el mejor desempeño de sectores como el agro, la energía y la minería. No obstante, la recuperación se perfila dispar: la industria, la construcción y el consumo masivo seguirían mostrando rezagos frente a los sectores más dinámicos.
La energía consolida su giro estructural
El sector energético volvió a mostrar un rol central en el frente externo argentino. Durante noviembre, el intercambio de energía dejó un saldo positivo de USD858 millones, lo que representó aproximadamente el 34% del superávit comercial total del mes. El resultado se explicó por exportaciones que alcanzaron los USD1.008 millones, combinadas con importaciones que se mantuvieron en niveles muy bajos, en torno a los USD149 millones. Con este desempeño, el balance energético acumuló entre enero y noviembre un superávit de US6.911 millones. La cifra implica una mejora de USD2.061 millones frente al mismo período de 2024, cuando el saldo favorable había sido de USD4.850 millones, y refuerza la idea de un cambio estructural en el sector, apalancado en mayores envíos al exterior y una menor necesidad de compras externas. El detalle de noviembre muestra que la baja de los precios internacionales tuvo un efecto negativo de USD74 millones, una dinámica que también se observa en el acumulado anual, donde el impacto por precios alcanza los USD519 millones. No obstante, ese factor fue más que compensado por el aumento en las cantidades exportadas. El efecto volumen aportó USD405 millones adicionales en noviembre y acumula USD2.579 millones en lo que va del año, consolidando al sector energético como uno de los principales pilares del superávit externo.
S&P advierte que el respaldo externo será clave para la estabilidad
Argentina transitaría en 2026 con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) estimada en torno al 3,5%, un ritmo que se mantendría por encima del promedio de América Latina. Así lo señala un informe regional elaborado por S&P Global Market Intelligence, que pone el foco en la continuidad del ajuste fiscal y en el respaldo externo como ejes centrales del escenario económico del próximo año. Según el análisis, los resultados obtenidos hasta ahora por la política de austeridad fiscal son positivos, aunque el éxito del programa dependerá en gran medida del apoyo financiero internacional. En particular, el informe subraya la importancia del acompañamiento de Estados Unidos y del FMI para que el país pueda afrontar sus compromisos externos sin sobresaltos. El documento destaca que el crecimiento proyectado estaría impulsado principalmente por una fuerte recuperación de la inversión, con un aumento estimado del 9% en la formación bruta de capital fijo. En ese marco, S&P resalta que Argentina se posiciona como el país con la mayor mejora fiscal de la región y anticipa que liderará los indicadores regionales de sostenibilidad de la deuda. No obstante, el informe advierte que la estabilidad macroeconómica en 2026 seguirá atada al acceso a financiamiento externo. El escenario base contempla un desembolso de USD2.000 millones por parte del FMI y la disponibilidad de una línea de swap por USD20.000 millones con el Tesoro estadounidense, herramientas clave para cumplir con los vencimientos de deuda y sostener el equilibrio cambiario. En materia de precios, S&P proyecta que el proceso de desinflación continuará a lo largo del próximo año, favorecido por la disciplina fiscal y por una moderación en los precios de los alimentos. Esta dinámica, según el informe, contribuiría a apuntalar la recuperación del consumo privado, uno de los componentes centrales del crecimiento esperado.
Inocencia fiscal: el Gobierno busca formalizar USD200.000 millones
El Gobierno de Javier Milei busca cerrar el 2025 con la sanción de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave dentro de su estrategia para ampliar la base monetaria en dólares y formalizar parte de los ahorros que hoy permanecen fuera del sistema. Según estimaciones oficiales, el objetivo es captar hasta USD200.000 millones que se encuentran en el denominado “colchón” y canalizarlos hacia la economía formal. El eje central de la propuesta es modificar el enfoque del control tributario: ARCA dejaría de presumir automáticamente la evasión fiscal. En adelante, el organismo sólo podría avanzar sobre contribuyentes cuando existan pruebas concretas de irregularidades o conductas dolosas. De este modo, la persecución penal y los controles quedarían atados a evidencias específicas y no a presunciones generales, reforzando el principio de que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desde el oficialismo remarcan que la iniciativa no implica un nuevo blanqueo de capitales. A diferencia de los regímenes de sinceramiento fiscal, el proyecto no contempla el pago de multas especiales ni alícuotas reducidas para regularizar activos no declarados. En cambio, propone un cambio de reglas de fondo: permitir el uso de dólares no bancarizados sin que ello implique, de forma automática, la apertura de causas administrativas o penales. Otro punto central del proyecto es la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales una conducta puede tipificarse como delito tributario. El objetivo es concentrar los recursos del Estado en casos de mayor relevancia fiscal y reducir la litigiosidad sobre operaciones de menor escala. No obstante, el texto también introduce un endurecimiento del régimen sancionatorio. Las multas previstas se actualizarían de manera automática por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) a partir del 1 de enero de 2027. Este aspecto es uno de los más cuestionados por especialistas en tributación, que advierten sobre el impacto potencial en pymes y personas humanas. En particular, señalan que la falta de escalas de gradualidad según el tamaño o perfil del contribuyente podría generar efectos regresivos y mayores costos de cumplimiento para los actores más pequeños.