Estrategia: Paciencia y Pelotas
En tiempos de incertidumbre, la diversificación y la paciencia son el mejor aliado para invertir.
Frente a este escenario, lo mejor es tener carteras dolarizadas. Se puede estar en tasa, pero con desarme antes de las elecciones y pasar a un mix entre Dollar Linked (preferentemente vencimiento enero 2026), Cedears/ETFs y Dólar MEP. Estos activos forman parte de nuestros fondos Wise Capital Hedge, Wise Capital MultiStrategy, Wise Capital Equity y el recién lanzado Wise Capital Legacy.
Luego de las elecciones, de acuerdo a la reorientación que realice el Gobierno con la economía, volveremos a pensar en la conveniencia de volver a la tasa de interés, porque convengamos que los bonos en moneda local son atractivos, dado que los que son a tasa fija pagan inflación +12 puntos, mientras que los que ajustan poder CER ofrecen un premio entre 20 y 25 puntos.
Para perfiles con mayor tolerancia al riesgo, el mercado accionario continúa siendo atractivo pero en lo inmediato, con el riesgo país en alza, nos puede continuar arrojando pérdidas, por ende es mejor mirar el mercado desde afuera y esperar a que se toque fondo. Lo mismo para los bonos en dólares. ¿Disparadores para una suba de éstos activos? Un resultado positivo, para Milei. en las elecciones de octubre, avanzar con las reformas y trabajar sobre la micro para que la economía vuelva a la senda de crecimiento.
En el mientras tanto, paciencia y pelotas es la clave.
Presupuesto 2026: en medio de tensiones políticas y bajo la mirada del FMI
En una jugada poco convencional, el presidente Javier Milei presentará hoy por la noche el proyecto de Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, rompiendo con la tradición de enviar el texto al Congreso en un acto público. El anuncio se produce en un contexto político marcado por la reciente derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, vetos a leyes que beneficiaban al sistema de salud y las universidades, y con la necesidad de mostrar señales claras de compromiso fiscal en línea con el acuerdo con el FMI. Según trascendió, el proyecto contempla una expansión económica del 4,5% para 2026, una reducción de la inflación que la ubicaría entre el 7% y el 12% anual, y un superávit primario equivalente al 2,2% del PIB, superando incluso la meta prevista para 2025. La estrategia oficial busca afianzar la senda del ajuste y mostrar previsibilidad a los organismos internacionales. En cuanto a los ingresos, se estima una recuperación hasta el 17,3% del PBI en 2026, luego de años de estabilidad en torno al 16,7%. El gasto primario, por su parte, permanecería contenido, consolidando una reducción en términos reales respecto a 2023. Uno de los puntos más sensibles del nuevo presupuesto será la continuidad en el recorte de subsidios, especialmente en los sectores de energía y transporte, que caerían al 0,8% del PBI. Esta medida forma parte del esfuerzo del Ejecutivo por reducir el gasto público y cumplir con los objetivos fiscales sin recurrir a nuevos impuestos. El ajuste también alcanzará a las transferencias discrecionales a las provincias y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que ya genera preocupación entre los gobernadores. Se espera que estos mandatarios provinciales posterguen cualquier negociación con la Casa Rosada hasta después de las elecciones de octubre, cuando se reactive el diálogo institucional anunciado por el propio Milei.
El dólar amenaza con romper la banda y el Gobierno enfrenta una peligrosa disyuntiva
El Gobierno nacional se encuentra frente a una decisión crítica: sostener el esquema cambiario actual o evitar una nueva pérdida de reservas en un contexto de creciente inestabilidad financiera. La presión sobre el dólar oficial se intensificó luego del mal resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y la cotización quedó peligrosamente cerca del límite superior de la banda establecida, que se ubica en $1.472. De superar ese techo, el BCRA estaría obligado a intervenir en el mercado vendiendo divisas, en su mayoría provenientes del acuerdo con el FMI, para evitar una devaluación. Sin embargo, esta estrategia podría comprometer seriamente la capacidad del Tesoro para afrontar los vencimientos de deuda que se avecinan. La situación es compleja. Con el riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, el acceso al financiamiento internacional está virtualmente cerrado. En este escenario, si Hacienda se ve forzada a adquirir dólares en el mercado para pagar sus compromisos, podría desatarse una nueva devaluación, con el consiguiente impacto inflacionario y social. En los últimos cinco días, la demanda de dólares se aceleró y el tipo de cambio oficial quedó al borde de romper la franja superior, lo que implicaría la venta de reservas por parte del BCRA. Las reservas líquidas (las efectivamente disponibles para intervenir) rondan los USD20.000 millones pero no son de libre disponibilidad, dado que gran parte corresponde a fondos del FMI u otros compromisos internacionales. A este contexto delicado se suma la situación del Tesoro, que ya habría utilizado unos USD1.100 millones para sostener la cotización en el mercado oficial (MULC) en la previa de las elecciones. Sin embargo, enfrenta vencimientos por montos significativos: USD3.000 millones antes de fin de año, otros USD4.200 millones en enero y cerca de USD14.000 millones a lo largo de 2026. Este cuadro de situación deja al Gobierno ante una encrucijada con pocas salidas. La opción de seguir defendiendo el esquema cambiario con ventas de reservas podría erosionar aún más la frágil posición externa del país. Pero dejar correr el tipo de cambio implicaría asumir una devaluación con fuertes consecuencias inflacionarias, en un momento político especialmente sensible.
¿Recesión? Caída del empleo, consumo paralizado y tensión social
La recesión ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad palpable. Desde abril, la economía argentina no muestra signos de recuperación mensual, y el deterioro se extiende a todos los frentes: el consumo cae, la producción industrial se contrae y el empleo comienza a sufrir los efectos de una parálisis generalizada. Según datos oficiales, junio registró el mayor número de despidos en casi una década, y las proyecciones para los meses siguientes no son alentadoras. La Unión Industrial Argentina anticipó que la actividad fabril se agravó aún más en julio, mientras que los bancos advierten por el incremento en la cantidad de cheques rechazados, una señal del creciente deterioro financiero de empresas y comercios. A esto se suma la presión del dólar, que opera cerca del techo de la banda cambiaria, amenazando con un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares. Los números muestran una economía que no logra encontrar un piso. El último dato positivo se remonta a abril, pero incluso ese repunte fue apenas un rebote técnico respecto de un marzo que había sufrido una fuerte caída del 1,8% frente a febrero, en medio de la incertidumbre por posibles cambios en el régimen cambiario. Pese a que el Gobierno proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento cercano al 3%, el dato respondería más a un arrastre estadístico que a una mejora real en los niveles de actividad. En el terreno, las ventas están frenadas, la producción desacelerada y el crédito prácticamente paralizado. La sensación general entre empresarios y trabajadores es de estancamiento. El escenario empieza a tener consecuencias políticas. La crisis del empleo y la caída del poder adquisitivo alimentan la conflictividad social, con más suspensiones, protestas y reclamos gremiales. Además, ponen en duda la narrativa oficial sobre el respaldo popular al ajuste, un argumento clave que el Gobierno utilizaba para sostener su estrategia económica ante el FMI.
Mercados argentinos bajo presión
Los activos financieros argentinos inician una semana marcada por la incertidumbre y la desconfianza, tras el desplome que sufrieron el viernes pasado luego del revés electoral del Gobierno en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. La reacción inmediata de los mercados reflejó un escenario de alta volatilidad, renovadas dudas sobre la estabilidad cambiaria y señales de preocupación por la sostenibilidad macroeconómica. El castigo fue generalizado. Los bonos soberanos en dólares se hundieron hasta un 5,3% en una sola jornada, arrastrando tanto a los títulos globales como a los bonares. La caída en los precios se tradujo en una suba en los rendimientos exigidos por los inversores, una señal clara de que el riesgo país vuelve a escalar y que el mercado exige una mayor compensación por sostener deuda argentina. En el plano bursátil, el índice S&P Merval cayó más de un 5% en pesos, mientras que en Wall Street los ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos) registraron pérdidas superiores al 6%, reflejando el mal clima inversor y el temor a un escenario político-económico más inestable. El mercado cambiario también reaccionó con fuerza. El dólar mayorista cerró el viernes en $1.453, mientras que el dólar MEP se disparó hasta los $1.468,46, con una brecha del 1,06%. El contado con liquidación (CCL), por su parte, cerró en $1.481,12, ampliando el spread al 1,94%. Las subas en todas las variantes del dólar evidencian una creciente presión dolarizadora por parte de los operadores, en medio de la incertidumbre política. Uno de los factores que encendió las alarmas es la creciente preocupación por la capacidad del BCRA para acumular reservas internacionales en un contexto de desconfianza, déficit financiero y vencimientos en puerta. La fragilidad del frente externo se combina con el malhumor de los inversores y un calendario electoral que agrega tensión. La semana arranca con los ojos puestos en los movimientos del BCRA y del Ministerio de Economía, mientras los mercados siguen buscando señales que disipen la incertidumbre. Por ahora, el deterioro continúa, y el riesgo país y la brecha cambiaria vuelven a ser el termómetro de una crisis que se intensifica.
El Gobierno acelera la baja de tasas para reactivar el crédito y aliviar al Tesoro
El giro en la política monetaria del Gobierno ya es evidente. Tras semanas de presión sobre el dólar y una sequía total de crédito al sector privado, el equipo económico puso en marcha un plan de relajación de tasas con el objetivo de reanimar el financiamiento productivo y, de paso, aliviar los costos del Tesoro. Las estadísticas del Banco Central reflejan con claridad el deterioro que sufrió el crédito corporativo durante el pico de tensión financiera. Según los últimos datos disponibles del BCRA al 9 de septiembre, el stock de adelantos en cuenta corriente —una de las principales líneas de crédito de corto plazo para empresas— cayó un 3,3% en apenas un mes. Pasó de $8,2 billones a $7,9 billones, coincidiendo con el desarme forzoso de las LEFI y la consiguiente escalada de tasas activas, que llegaron a tocar el 93% anual nominal a mediados de agosto. En ese contexto, los bancos prácticamente cerraron la canilla del crédito y hasta recomendaron a sus clientes no endeudarse con tasas tan prohibitivas. Las pocas operaciones que se concretaron fueron por montos mínimos y a plazos extremadamente cortos, de uno a tres días, a la espera de una eventual baja de tasas o una mayor claridad en el horizonte económico. La corrección empezó a llegar tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Con el tipo de cambio oficial manteniéndose dentro de la banda y el mercado sin forzar una intervención del BCRA, el Gobierno interpretó que había margen para flexibilizar. La señal más clara fue la agresiva reducción de la tasa de interés de las operaciones simultáneas que bajó en tres tramos consecutivos de 500 puntos: del 45% al 40%, y luego al 35%. En paralelo, otras tasas claves del sistema también comenzaron a ceder. La TAMAR (tasa activa de referencia) pasó de una TNA de 66% antes de las elecciones a 52,5%, según los últimos registros del 11 de septiembre. A la par, el costo de la caución bursátil cayó a 31,5%, y la curva en pesos se reacomodó a niveles de entre 42% y 56% anual. Desde el oficialismo lo interpretan como una “suavización monetaria controlada”, que busca salir del shock contractivo sin generar sobresaltos cambiarios ni inflacionarios. La intención es que, con tasas más accesibles, se reactive el crédito comercial y las colocaciones del Tesoro resulten más sostenibles, tras semanas en las que las licitaciones requerían pagar tasas cada vez más altas. El nuevo enfoque deja en evidencia un cambio de estrategia: el ajuste monetario extremo dio paso a una etapa más pragmática, donde la prioridad vuelve a estar en mantener el equilibrio sin asfixiar la economía real. Resta ver si el mercado acompaña.
La FED se prepara para bajar las tasas ante señales de estanflación en EE.UU.
Después de meses de espera y cautela, la Fed parece haber definido su próximo movimiento: retomar la reducción de tasas de interés. La decisión llega en un contexto económico marcado por un creciente riesgo de estanflación y un mercado laboral que empieza a mostrar signos de agotamiento. El año pasado, la Fed había recortado un punto completo en su tasa de referencia, anticipándose al segundo mandato de Donald Trump, formalizado el 20 de enero. El último recorte, de medio punto, coincidió con la confirmación de su victoria en las urnas. Desde entonces, el organismo mantuvo una postura expectante, buscando señales concretas sobre las políticas que el mandatario republicano pondría en marcha. Las señales no tardaron en llegar. Trump cumplió con lo prometido: endureció las políticas migratorias, impulsó una ambiciosa rebaja impositiva aprobada por el Congreso y aplicó una ola de aumentos arancelarios. La autoridad monetaria liderada por Jerome Powell advierte un deterioro en el equilibrio económico: la inflación se acelera y se aleja de la meta del 2%, mientras el mercado laboral da señales de enfriamiento. Aunque las deportaciones masivas han impactado en la oferta de trabajo, es la demanda la que se debilita con mayor rapidez, lo que se traduce en un aumento progresivo del desempleo. Por primera vez desde abril de 2021, el número de personas en búsqueda de empleo supera a la cantidad de vacantes disponibles. La Fed ya había anticipado en su “diagrama de puntos” dos posibles recortes de 25 puntos básicos antes de fin de año. El primero llegará este miércoles, acompañado de una nueva hoja de ruta que buscará dar previsibilidad en medio de un entorno económico volátil. Las probabilidades se ubican en un 94,4% para un recorte en la reunión de septiembre, 79,6% de probabilidad de recorte para octubre y 74,4% de probabilidad de otro recorte en diciembre.