Hola, soy Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista.
Como todos los sábados, procuramos ofrecer a través de este semáforo de la economía una mirada más amplia de los acontecimientos de la semana, para que puedan sumar elementos de contexto y jerarquizar mejor su peso informativo.
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Este fin de semana se empezará a palpitar una elección provincial de impacto pocas veces visto. La composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires casi siempre reflejó el mismo reparto de poder que votaba su electorado a nivel nacional. Pero este año, Axel Kicillof aceptó dividir la batalla para no quedar atrapado en los designios de Cristina Kirchner. Su argumento formal era que no se podía votar el mismo día con dos sistemas distintos (recordemos que en octubre se usará boleta única y en septiembre, la tradicional sábana). Pero pasaron cosas. La Justicia finalmente dejó fuera de carrera a la expresidenta y en las próximas horas conoceremos con qué candidatos finalmente se correrá esta carrera. El Gobierno y el peronismo son conscientes de que el resultado va a ser determinante para ambos. Pero lo que hay que saber desde hoy es que el 7 de septiembre la política y los medios tendrán a la mano dos relatos. Hay alta chance de que los candidatos de Fuerza Patria se impongan en la Tercera Sección electoral pero no en las otras siete. Sin embargo, el arrastre de este distrito -donde está La Matanza, Avellaneda, Lanús, Lomas, entre otras- le podría dar al peronismo una suma total de votos superior a la de la alianza La Libertad Avanza-PRO. Es por eso que los libertarios buscarán remarcar que se impusieron en siete secciones electorales. La tercera vía que integrarán los radicales con peronistas libre y algunos amarillos disconformes con el cierre de las listas también está expectante por su cosecha. Si Kicillof queda al borde de perder el control del Parlamento bonaerense, habrá un tsunami político que repercutirá en la pelea de octubre, pero también en la economía que miden los inversores.
Desde el domingo, los actores que definirán la contienda bonaerense empezarán a precalentar. El resto empezará a tomar ubicación en las gradas. La cuenta regresiva está por arrancar.
Veamos mientras tanto qué luces del semáforo se encendieron esta semana
Si hubiera que usar la vara de Luis Caputo, la noticia de la semana sería la ratificación de que junio también permitió anotar superávit primario y financiero. La cifra que hay que tener presente es el acumulado de 2025, que llegó a un razonable 0,9%. Ese número le deja al Gobierno un “menor esfuerzo” para conseguir los 0,7 puntos que le restan par alcanzar la meta prometida al FMI, siempre y cuando no avancen las leyes que votó el Congreso sin tomar en cuenta su impacto fiscal (pago extra en las jubilaciones, aumento del bono a quienes cobran el haber mínimo y extensión de la moratoria).
El Indec también dio a conocer otro superávit, en este caso el comercial. Las exportaciones mostraron un repunte frente a mayo (donde directamente habían retrocedido) y las importaciones se mantuvieron relativamente estancadas. Este factor contribuyó a conseguir un saldo a favor de u$s 905 millones. Dos notas al pie para este rubro: las ventas al exterior de energía se reactivaron y sumaron u$s 400 millones contra el mes anterior. Y aunque todos hablan de boom importador, ese registro solo existe cuando se contrasta contra 2024, año marcado por la recesión y el ajuste fiscal. En la comparación mensual contra mayo, las compras al exterior cayeron poco, pero cayeron: alrededor de u$s 100 millones. Y el volumen global en ambos meses fue muy similar al de abril. Si es por los bienes de consumo, abril y mayo se ubicaron por arriba de u$s 900 millones, y junio, por abajo. La suba del dólar tiene su impacto. Y un consumo que sigue ambivalente, también.
¿El tipo de cambio en alza es luz verde o roja? A juzgar por el temor de la clase media, que ansía que el dólar barato llegue hasta fin de año para no impedir vacaciones en Brasil, es algo preocupante. Pero si se lo mira desde la óptica de todos los sectores que cuestionaban el atraso cambiario, debería ser una buena noticia. En los hechos, el dólar en $ 1300 debería estimular las ventas externas y facilitar la acumulación de reservas.
Aunque el Gobierno imaginaba que el tipo de cambio iba a tocar en algún momento el piso de la banda (una ilusión con la que pretendía que el índice de inflación sea menor a 1% antes de fin de año), la moneda estadounidense está más alineada con lo que imaginaba el mercado. A decir verdad, Economía tampoco debería padecer esta situación. La razón es la siguiente: el FMI consideraba que el dólar barato era uno de los factores que debilitaba una meta clave del programa. Hablamos del objetivo de reservas, como todos imaginarán. En consecuencia, Luis Caputo y su equipo se desprendieron, una vez más, de las visiones dogmáticas. Así fue como empezaron a comprar divisas en el medio de la banda (con el superávit fiscal) y a mostrar un peso más devaluado que estimule las exportaciones y también la inversión. No son hechos, pero sí señales, con las que esperan compensar al directorio, que para aprobar la revisión que quedó pendiente de junio deberá firmarle un perdón por este incumplimiento. Tendremos pistas de este escenario el próximo jueves, cuando la vocera del FMI responda las habituales preguntas sobre la Argentina.
El juicio por las acciones de YPF también encontró algo de oxígeno: la administración Trump volvió a presentarse ante la Justicia de Nueva York para señalar que el fallo de la jueza Loretta Preska viola la inmunidad soberana que reconoce EE.UU. Lo que dice el Departamento de Justicia es, básicamente, que una magistrada no puede disponer sobre los bienes o activos de un país que no están en territorio americano.
Manuel Adorni anunció que se viene la privatización de AYSA. No veremos sus resultados hasta el 2026, pero es una señal al mundo inversor. Un elemento que hizo posible llegar a esta decisión es que la empresa de aguas y saneamientos logró tener este año un balance superavitario, al igual que Aerolíneas Argentinas y Enarsa, todo un acontecimiento para la historia de las empresas públicas.
Si es por sumar señales, van las última de la semana. Anoche trascendió que se selló un acuerdo para reactivar las represas eléctricas de Santa Cruz. En la mesa en la que se firmó el entendimiento estuvo la empresa a cargo de la obra, la china Ghezouba, pero también Guillermo Francos y el gobernador Claudio Vidal. En otro sector de la Casa Rosada, el entrerriano Rogelio Frigerio fue recibido por Eduardo Lule Menem. Ambos encuentros tienen como telón de fondo la necesidad de recomponer diálogo con los gobernadores.
El lunes se reúne el Consejo de Mayo, en una mesa en la que estarán representadas las provincias, la CGT y los empresarios. Será una buena oportunidad para el Ejecutivo de mostrar que más allá de la iracundia con la que reacciona Javier Milei, hay vocación de construir reformas estructurales.
En el mundo empresario persiste esa sensación de que el Presidente, con sus reacciones destempladas, avanza dos pasos y retrocede uno. Las buenas noticias no duran para siempre y en el medio siempre aparece un exabrupto. Si hay un factor que condensa este sentimiento es el riesgo país, al que le cuesta bajar de los 700 puntos. Los inversores externos valoran la baja de la inflación y el superávit fiscal, pero también miden el humor social y su potencial impacto en la política.
Milei necesita tener una relación más constructiva con el Congreso y con las provincias, porque sin ello no habrá nueva coparticipación ni reforma tributaria.
Los empresarios también perciben que al Ejecutivo le falta mostrar un poco más de apego por los senderos institucionales. Tanto desmanejo con las leyes en parte es el resultado de que el Gobierno gestionó dos años sin Presupuesto votado por el Congreso. El jueves el Grupo de los Seis, por ejemplo, pidió definir reglas para las obras de infraestructura, en las que el sector privado tenga mayor protagonismo. No alcanza con disolver Vialidad Nacional, porque hace falta expandir la red ferroviaria de cargas para que la Argentina exporte más. O dragar de manera eficaz la Hidrovía, por citar dos ejemplos de temas que quedan trabados en la falta de acuerdos internos.
El “Lefigate” no fue un episodio de gravedad institucional. Estuvo más cerca de componer una alerta naranja que una crisis. Pero lo que no cayó bien en la City fue el cambio de reglas que ejecutó el equipo económico para administrar una situación que la mayoría de los analistas considera un error autoinfligido. Desde el momento en que el Banco Central dejó de ofrecer las LEFI al sistema financiero, la ola de liquidez que quedó suelta no se volcó a las letras que emite el Tesoro sino a las cauciones, una herramienta de corto plazo, cuya tasa se derrumbó de un día para el otro. El excedente de pesos presionó al dólar y enseguida empezaron a sonar otras alarmas. Después de que la inflación mayorista de junio mostrara esta semana una variación incluso superior a la del IPC, nadie quiso arriesgar. Luis Caputo habilitó una suba inusual de la tasa de interés y en paralelo el Central activó una suba de encajes, medida que impone a los bancos a guardar más pesos a interés cero (que dicho de paso, golpeará la rentabilidad que ofrecen las billeteras virtuales gracias a sus inversiones en los fondos de corto plazo). Por si hacía falta, el BCRA también operó contratos futuros de dólar para ponerle un techo al sendero alcista.
La sucesión de idas y vueltas, explicada esta semana en El Cronista por Javier Okseniuk, director de la consultora LCG, fue lo que desacomodó y disgustó a los actores del sistema financiero. Adeba, la entidad que nuclea a los bancos de capital nacional, le mandó una nota al titular del BCRA reclamando una ventanilla que pueda ser usada como un reemplazo de las LEFI.
A los bancos no los tranquiliza este escenario de tasas de interés altas, porque en los últimos tres meses empezaron a notar niveles de morosidad poco habituales en el pago de tarjetas y créditos personales. Pero para ablandar un poco la visión de los reguladores, en su propuesta sugirieron que las Lecap a 90 días o menos sean excluidas de los límites que tienen que cumplir en materia de financiamiento al sector público. Lo que se dice una mano lavando a la otra.
Hasta el sábado que viene