La recaudación impositiva de junio aportó un buen número. Retomó el crecimiento interanual, luego de la particular caída que se registró en mayo (en la que influyó la altísima base de comparación de 2024). Creció 43%, aportando una variación real de 2,4%. Suma para acercarse al número de superávit fiscal que necesita conseguir Luis Caputo, pero gracias a algunos anabólicos. Hay que tener en cuenta que por ser el último mes en el que se aplicaba la rebaja de las retenciones hizo que el agro incrementara sustancialmente sus liquidaciones (el pago se disparó 100%). El IVA aumentó 50%, lo que implica una mejora real de 7,6%. Ayudó no solo un mayor dinamismo interno sino también el mayor flujo de importaciones, que al ser combinadas con una leve suba del tipo de cambio, aportaron más pesos al Tesoro. Otro dato positivo es que los ingresos ligados a la Seguridad Social tuvieron un alza de 57,5%. Aportes y contribuciones exhibieron aumentos reales de 12,9% y 12,3%, dato que refleja el incremento de la masa salarial bruta por encima de la inflación (hay que tomar en cuenta que este contexto alentador corresponde solo para los asalariados en blanco).
La parte que preocupa de los números de ARCA es que se percibe una desaceleración en este sendero positivo. En el primer bimestre la recaudación creció 13% real y en el cuatrimestre marzo-junio, solo 5%. Según Empiria, la consultora que conduce el exministro Hernán Lacunza, refleja un “signo de agotamiento en la fuerza de la recuperación”. Junio 2024, para completar la foto, fue el punto más bajo de la recesión, lo que equivale a decir que las comparaciones anuales toman como base un mes flojo.
Como demostración del panorama heterogéneo que vive la economía, un sector que volvió a celebrar en junio fue el automotriz. En junio se patentaron 52.212 vehículos, lo que significa un crecimiento interanual del 68,9 % (hubo una caída del 7,3 % respecto de mayo, porque el mes solo tuvo 17 días hábiles). “Completamos el mejor primer semestre de los últimos siete años y nuestro sector es hoy uno de los motores de la recuperación”, dijo Sebastián Beato, el presidente de la asociación que nuclea a los concesionarios. La industria también tuvo un buen mes en materia de producción e importación. Su buen comportamiento, a futuro, dependerá de que siga fluyendo el crédito y que el dólar se mantenga estable.
Como señalamos en la introducción, la saga de problemas que enfrentó el Gobierno esta semana tiene todavía instancias de solución. Los cortes de gas se normalizaron ayer, en parte porque aumentó la temperatura. Pero lo que marca este hecho es que hay obras de infraestructura que hubieron alejado este episodio, que no llegaron a concretarse por diferencias burocráticas y por la poca convicción que a veces muestra el sector público sobre la velocidad a la que deben ejecutarse estar tareas. El gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) hoy acerca el gas de Vaca Muerta y evita la compra de buques de GNL, pero no funciona a pleno porque no se terminaron todas las estaciones de bombeo, necesarias para que más fluido llegue a destino. Licitaciones demoradas, tironeos presupuestarios, prioridades que nunca se cristalizan, todo suma su granito de arena. Y en algún punto parecen detalles secundarios. Hasta que una ola polar altera las prioridades y una nueva “crisis energética” vuelve a sacudir el malhumor social. El Ministerio de Economía, de quien depende la Secretaría de Energía, debería escuchar ahora qué prioridades hay que atender y cubrir a corto plazo para que no pase algo similar con la electricidad en verano.
Antes de la bochornosa sesión de Diputados del miércoles pasado, el Senado también le dio una sorpresa al Ejecutivo, porque la oposición consiguió poner en agenda el dictamen necesario para llevar al recinto la ley de financiamiento universitario. Pero eso no terminó ahí: ayer fue más audaz, y sin la participación del oficialismo, logró que la Comisión de Presupuesto diera dictamen para la moratoria previsional, el aumento del bono a los jubilados y la ley de Emergencia en Discapacidad.
Si estos avances contra la voluntad del Ejecutivo, se le suma la movida que impulsan todos los gobernadores para aprobar una ley que amplíe el reparto de fondos coparticipables, el problema que enfrentará el Gobierno se volverá mayúsculo. Siempre tendrá a mano el recurso del veto, desde ya. Pero tratándose de temas sensibles en un año electoral, el discurso que le echa la culpa a la casta le quedará corto. Una vez más, se nota el déficit de coordinación y gestión política del gobierno libertario. Al parecer, el triángulo de hierro no tiene la capacidad suficiente para encarar las negociaciones electorales y el día a día del Ejecutivo, algo que cada vez se nota más.
La novedad más negativa de la semana comparte un rasgo común con los temas enunciados anteriormente. El juicio que el fondo Burford Capital lleva adelante contra el Estado argentino es la principal demanda que enfrenta el país en el exterior. Y el procurador del Tesoro, que asumió en enero, se dispensó de llevar el caso porque uno de sus exsocios había sido testigo experto de Burford. Santiago Castro Videla tiene rango de ministro y depende del Presidente. O sea que probablemente se reporte con Karina Milei, en el mejor de los casos. Por lo antes mencionado, quien lleva el caso YPF es uno de los subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija, hoy protagonista esencial por ser quien tuvo que ocuparse de presentar ante el juzgado de Loretta Prieska el pedido de suspensión de la sentencia. Hay mucha incertidumbre sobre lo que resolverá la magistrada, que el lunes dispuso que el Estado entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte de pago de una sentencia de u$s 16.000 millones.
Es tarde para criticar la forma en la que se hizo la expropiación. Un artículo en la ley que exima al Estado de cumplir con el estatuto de YPF, que obligaba a presentar una oferta de compra de los accionistas minoritarios, hubiera subsanado este juicio. Pero el reloj corre y la Argentina lo corre de atrás. Es real que la sentencia en sí es impracticable, y que lo que buscan el demandante es cobrar algo de ese monto, aunque sea a plazos y en un bono. El Gobierno tiene que decidir una estrategia y asumir el riesgo que implique avanzar con ella. Puede negociar y concluir este capítulo (el temor ahí es el precedente, aunque no habría casos similares donde aplicarlo) o puede plantear que todas las nulidades que crea conveniente. Los actores de Vaca Muerta son los más interesados en ver cómo sigue este caso y, en función de lo que le depare a YPF, sus inversiones.
Hasta el sábado que viene