Valoración Aduanera
Subfacturación: la sospecha, la prueba y la vía
A principios de octubre la UIA llevó a la Aduana un mapa del contrabando y
la subfacturación y pidió una mesa técnica de seguimiento; según se
informó, la Aduana acordó avanzar y mostró proyectos de detección con
inteligencia artificial. Desde abril, además, trascendieron en la prensa la
denuncia de una cámara de pequeños electrodomésticos y casos en los
sectores textil y calzado; según se informó, ARCA confirmó la existencia de
expedientes y, en uno de los casos, las actuaciones fueron remitidas a la
Justicia Penal Económica por los artículos 864 y 865 del Código Aduanero. *El
control sobre los valores declarados volvió al centro de la agenda.*
Esa es la cara pública. La que llega a un estudio es la consulta, y llega
por dos lados. Un importador compara lo que le cuesta traer la mercadería
con lo que cobra un competidor, la cuenta no cierra y concluye que el otro
subfactura. O al revés: un importador con valores bajos recibe un
requerimiento y descubre que le piden demostrar algo que nunca documentó.
Es la misma discusión vista desde dos lugares, y en ambos casos la primera
pregunta es la misma: *qué se está afirmando exactamente*.
Porque un precio bajo no es, por sí solo, una infracción o el indicio de un
delito. Puede deberse al volumen, a las condiciones de pago, a una relación
comercial de años, a mercadería de temporada anterior o a una materia prima
distinta. También puede responder a que el proveedor del exterior vende en
condiciones de dumping, que es una conducta del exportador y no del
importador local. Y hay dos términos que se usan como sinónimos sin serlo: *la
subvaloración es el género —la falta de coincidencia entre el valor
declarado y el que determina el servicio aduanero—, y la subfacturación es
una de sus especies, la que se configura cuando se comprueba la falsedad de
los documentos que respaldan la transacción*. Confundir un supuesto con
otro es el error más caro de este tipo de casos.
El valor en aduana se rige por el Acuerdo de Valoración de la OMC,
incorporado por la Ley 24.425, y su regla es el valor de transacción. La
Aduana puede apartarse de él cuando tiene motivos para dudar de lo
declarado —la duda razonable de la Decisión 6.1 del Comité de Valoración—,
pero antes debe dar al importador la oportunidad de justificar el precio. Y
como desde la derogación de los valores criterio el control se ejerce
después del libramiento, *la explicación puede pedirse mucho tiempo después
de la operación*.
La distinción no es académica: define el carril. Mientras la discrepancia
se mantenga en el terreno del valor —ajustes que no se incluyeron, pagos
que no se declararon, un precio que no se sostiene frente a los métodos
sucesivos del Acuerdo—, la respuesta es la determinación del valor en
aduana y, en su caso, la declaración inexacta del artículo 954 del Código
Aduanero, que alcanza la declaración que difiere de lo comprobado cuando
produjo o hubiera podido producir un perjuicio fiscal o el egreso de un
importe distinto del que correspondía, *con multas de una a cinco veces el
perjuicio o la diferencia*.
Pero cuando lo que se comprueba es la falsedad del documento que respalda
la transacción, el encuadre deja de ser infraccional. Quien presenta una
factura falsa para sostener el valor declarado conoce esa falsedad y busca
eludir el control aduanero, y eso es contrabando: las figuras de los
artículos 863 y 864, o las agravadas del 865 incisos d y f —y la del 869 si
la presentación hubiera sido culposa—, con intervención de la Justicia
Penal Económica. *Es la posición del Estudio: el artículo 954 no debería
absorber las subfacturaciones respaldadas con documentos falsos.* Y si
además hubo pagos al exterior por fuera de lo declarado, se suma la
exposición cambiaria de la Ley 19.359. Son frentes distintos, con reglas y
plazos propios.
Los indicios que se invocan en los expedientes que trascendieron no son
sofisticados: valores que coinciden con un piso —por ejemplo, un mínimo
fijado por una medida antidumping—, precios por debajo del costo estimado
de la materia prima y diferencias entre facturas, subpartidas y
documentación presentada. *Un importador que compra barato por razones
legítimas tiene que poder demostrarlo con documentos antes de que se lo
pregunten.*
Del lado de quien se siente perjudicado, la pregunta práctica es qué se
puede probar. Una comparación de precios tomada de redes sociales no
alcanza: hay que reconstruir operaciones concretas y contrastarlas con
documentación verificable. Además hay que elegir el carril: la valoración,
la infracción o el delito aduanero, o la defensa comercial. En los dos
primeros el procedimiento lo conduce el Estado y el particular que denuncia
tiene una intervención acotada. En el tercero, el Decreto 33/2025 dejó el
trámite en la Comisión Nacional de Comercio Exterior y exige que quien lo
pide represente una parte significativa de la producción nacional del
producto similar —el piso es el 25%—, de modo que *no está pensado para
dirimir una disputa entre importadores*.
Por eso, en estos asuntos el primer paso no es denunciar ni contestar, sino
dictaminar: ordenar la información disponible, tipificar la conducta y
evaluar la viabilidad real de cada carril. Una denuncia mal encuadrada no
solo se cae; también expone a quien la promueve. Y un valor mal sostenido
expone a quien lo declaró.
Sobre la distinción entre subvaloración y subfacturación y su encuadre como
delito aduanero, ver Juan Carlos Vázquez, «La subvaloración y
subfacturación aduanera en la importación».
Si tu empresa importa con valores que alguien podría cuestionar, o creés
que un competidor está declarando de menos, podemos analizar el caso y
decirte qué carril corresponde y con qué prueba se cuenta, antes de que te
lo pregunten o de accionar. Para una primera lectura alcanza con la
posición arancelaria involucrada y una destinación propia reciente.