
Estimados,
En el ámbito nacional, el oficialismo sufrió varios reveses en el panorama político. Las dinámicas se encuadran en el Congreso de la Nación. Por un lado, la Cámara de Diputados rechazó el DNU que aumentaba las asignaciones presupuestarias del Sistema de Inteligencia. Por otro lado, el Senado sancionó la ley que recompone las jubilaciones, medida que compromete el superávit fiscal. Por último, el juez federal Ariel Lijo, durante una audiencia de más de ocho horas en el Senado, defendió su nominación para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Primero, el miércoles 21 de agosto, la Cámara de Diputados, con 156 votos en contra, 52 a favor y 6 abstenciones, vio cómo los bloques opositores, dialoguistas y parte de los aliados del LLA rechazaron el DNU 656/24. Este decreto asignaba cien mil millones de pesos como fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En un giro sorpresivo, el ala macrista del PRO optó por apoyar la estrategia orquestada por el pichettismo y UP, asestando así el golpe definitivo al oficialismo. Sin embargo, para que el decreto del Gobierno nacional sea efectivamente derogado, aún debe obtener la misma aprobación en el Senado.
En la Cámara alta se descuenta que el kirchnerismo intentará apurar el rechazo total del DNU, lo cual constituirá el primer antecedente en la historia parlamentaria de un decreto presidencial rechazado por el Congreso.
Por otro lado, pese a que el presidente Javier Milei ratificó su intención de vetar la norma si resulta aprobada, el Senado sancionó el jueves 22 de agosto con más de dos tercios de los votos —61 a favor y 8 en contra— la ley que fija una recomposición del 8,1% para este año en los ingresos de los jubilados, establece una nueva fórmula de movilidad previsional por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial. Salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, todo el PRO votó a favor de la norma.
La Ley resultó sancionada con los votos positivos de los bloques UP, UCR, PRO, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños de Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En tanto, además de la senadora del PRO, también rechazaron los siete senadores de La Libertad Avanza.
Fue el libertario Bartolomé Abdala quien presidió la sesión durante la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lo hizo en reemplazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien evitó que las cámaras la mostraran como la cara visible de la derrota del oficialismo en el recinto.
Vale recordar que, en Diputados, el proyecto también había sido aprobado con mayoría especial de los 2/3—cantidad necesaria para rechazar un veto presidencial—, por lo que estos resultados en ambas cámaras podrían condicionar la decisión que en las próximas horas deberá tomar el presidente Milei. Es que el artículo 83 de la Constitución Nacional establece que un proyecto desechado por el Poder Ejecutivo puede ser insistido por ambas Cámaras y, de replicarse esas mayorías, directamente debe ser promulgado.
La intención del presidente de vetar esta ley va en línea con preservar el superávit fiscal, una de las principales banderas del oficialismo, ya que esta recomposición jubilatoria representa un aumento del gasto público. Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que estas eventuales modificaciones representan un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales ascenderían a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.
Sumado a estos eventos, se añade que el Gobierno también perdió el control y la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, la cual pasó a manos de Lousteau y los representantes del kirchnerismo.
Por último, el juez federal Ariel Lijo, durante una audiencia de más de ocho horas en el Senado, defendió su nominación para la Corte Suprema de Justicia, rechazando las impugnaciones a su idoneidad moral y técnica, pero evitó confrontaciones directas ante críticas del kirchnerismo hacia el tribunal.
Aunque respaldó la inclusión de mujeres en la Corte, Lijo evitó opinar sobre la anulación de la reforma del Consejo de la Magistratura por la actual mayoría de la Corte, limitándose a señalar la inaplicabilidad de leyes derogadas. También se mostró cauteloso al discutir temas como la dolarización, la autonomía de Buenos Aires, y la baja de la edad de imputabilidad, destacando la necesidad de respetar la Convención Internacional de los Derechos del Niño.