El oficialismo impulsa un proyecto de Ley de Morosidad que incorpora la denominada “portabilidad del crédito”, un mecanismo que permitiría a los usuarios trasladar préstamos de consumo de una entidad financiera a otra que ofrezca mejores condiciones. La iniciativa podría ser aprobada en Diputados el 21 de octubre, tratada por el Senado durante la semana del 15 de noviembre y reglamentada en enero de 2027.
El mecanismo permitiría que otra entidad otorgue un nuevo crédito destinado a cancelar la deuda existente, sin requerir el consentimiento del acreedor original. La portabilidad será voluntaria y no obligará a las entidades a conceder el nuevo financiamiento, ya que cada proveedor conservará la facultad de evaluar el riesgo crediticio.
Para instrumentar el sistema se prevé el intercambio seguro y estandarizado de información crediticia, previo consentimiento del usuario. El BCRA deberá establecer los procedimientos necesarios para el intercambio de datos, liquidación y cancelación de los créditos, procurando además su interoperabilidad con el futuro Sistema de Finanzas Abiertas.
El proyecto también establece mayores exigencias de información para operaciones de corta duración o de comprensión compleja, incluyendo el importe neto recibido, monto total a devolver, fechas de pago y componentes del costo financiero. Asimismo, incorpora lineamientos de educación y alfabetización financiera, incluidos entornos digitales y nuevas tecnologías, dentro de la currícula escolar.