El Gobierno oficializó dos decretos vinculados a la política sobre las *Islas
Malvinas y el Atlántico Sur*. El *Decreto 867/2026* modifica el Presupuesto
Nacional para reforzar las capacidades del Ministerio de Defensa, mientras
que el *Decreto 868/2026* fortalece los controles administrativos sobre la
explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental argentina.
En materia de Defensa, se dispuso una *reasignación presupuestaria para el
Ministerio y los Estados Mayores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea*,
destinada principalmente a la incorporación, modernización y recuperación
de equipamiento militar. Parte del financiamiento provendrá de la venta de
edificios e instalaciones estatales y el resto de reasignaciones de
partidas del Tesoro. La medida se enmarca además en el anuncio de la
construcción de una *Base Naval Integrada en Tierra del Fuego*.
Por otro lado, el Decreto 868/2026 designa a *Cancillería como autoridad de
aplicación de la Ley 26.659*, que prohíbe realizar actividades
hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin autorización argentina.
También establece un procedimiento administrativo más ágil para aplicar
sanciones, que pueden incluir *inhabilitaciones y la reversión de
concesiones al Estado*.
Además, las empresas que soliciten adherirse al *RIGI deberán presentar una
declaración jurada* acreditando que no participan de actividades prohibidas
por esta normativa, con intervención obligatoria de Cancillería antes de
aprobar su adhesión. La misma exigencia se aplicará a quienes soliciten
permisos o concesiones hidrocarburíferas. El objetivo es impedir que
actores vinculados a explotaciones no autorizadas en Malvinas accedan
a *beneficios
fiscales, aduaneros y cambiarios* del régimen.
Por último, el *endurecimiento de las penas* para quienes exploten
hidrocarburos sin autorización argentina no forma parte de estos decretos:
el Gobierno anunció que será tratado mediante *un proyecto de ley que
deberá ser enviado al Congreso*.