La Cámara de Diputados debatirá la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que busca simplificar y estandarizar la etapa inicial de las solicitudes de patentes en distintos países.

El PCT permite presentar una única solicitud internacional, con requisitos formales comunes, en lugar de iniciar desde el primer momento trámites separados en cada jurisdicción. Sin embargo, no crea una “patente mundial”: cada oficina nacional conserva la facultad de conceder o rechazar la protección. En Argentina, esa decisión seguiría en manos del INPI.

Entre sus principales beneficios, el sistema permite extender hasta 30 meses el plazo antes de ingresar a las etapas nacionales definitivas, lo que puede ayudar a diferir costos de traducción, tasas y representación legal mientras el solicitante evalúa la viabilidad comercial de la invención o busca financiamiento.

El procedimiento incluye además una búsqueda internacional obligatoria sobre antecedentes técnicos y un informe preliminar que analiza si la invención presenta novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Uno de los principales puntos de discusión es el Capítulo II del tratado, que contempla un examen preliminar internacional opcional y no vinculante. El dictamen de mayoría propone que Argentina adhiera al PCT con una reserva sobre este capítulo, mientras que otros dictámenes plantean rechazar completamente el tratado o aprobarlo sin reservas.

Los argumentos a favor destacan que la adhesión podría facilitar la internacionalización de desarrollos argentinos, reducir costos iniciales y mejorar el acceso a herramientas técnicas internacionales. También se señala que Argentina es actualmente el único país del G20 que no forma parte del PCT.

Por otro lado, los sectores críticos advierten sobre un posible aumento de solicitudes de patentes por parte de grandes multinacionales, con riesgos de mayor concentración y presión sobre los criterios locales de patentabilidad. También se plantean posibles impactos sobre la industria farmacéutica nacional, el acceso a medicamentos y la producción local de tecnología.

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