Les comparto un breve resumen sobre el impacto del contrabando y del comercio ilegal en la Argentina, a partir de las advertencias realizadas por cámaras empresarias y compañías de distintos sectores.
El punto central es que el comercio ilegal dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a ser un negocio de estructuras criminales organizadas, con un impacto económico muy relevante. Según datos citados en la nota, en mercados como Argentina, Brasil y México el comercio ilegal podría representar hasta el 8% del PBI, además de generar fuertes pérdidas fiscales y competencia desleal para la industria formal.
Entre los sectores más afectados aparecen principalmente:
· Celulares: el contrabando ya explicaría uno de cada tres equipos vendidos en Argentina, lo que refleja un crecimiento muy acelerado del mercado gris.
· Cigarrillos: es uno de los productos más golpeados por el comercio ilegal en la región. En algunos países de América Latina, una porción muy relevante del mercado ya se abastece por vías informales o de contrabando.
· Indumentaria y calzado: el problema se concentra en la falsificación de marcas y en la venta de mercadería ilegal que compite con la producción formal.
· Alimentos y bebidas: también se mencionó un crecimiento del comercio ilegal en productos de consumo masivo, como por ejemplo yerba mate.
La nota también remarca que el problema no se limita al ingreso de mercadería por frontera, sino que incluye fábricas clandestinas, falsificación, subdeclaración impositiva y uso abusivo del régimen courier, que algunas cámaras empresarias consideran una vía de “microcontrabando” o competencia desleal frente a la industria local.
Otro punto relevante es el impacto social y fiscal. Además de afectar ventas, empleo e inversión en el sector formal, el comercio ilegal también estaría vinculado en algunos casos a trata laboral y explotación de trabajadores, y a una fuerte pérdida de recaudación tributaria.
Frente a este escenario, las empresas y cámaras sectoriales están reclamando mayor coordinación entre el sector privado y el Estado, con foco en trazabilidad, controles, tecnología, fiscalización y agilización judicial, para limitar el avance de estas maniobras y proteger a la producción formal.
En síntesis, el planteo del sector privado es que el contrabando y el comercio ilegal ya no deben leerse solo como un problema comercial, sino como un fenómeno que afecta la competitividad de la industria, la recaudación, el empleo y la seguridad económica.