Les compartimos un resumen del proyecto denominado “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
El objetivo principal de la iniciativa es regular y transparentar las reuniones, contactos e interacciones entre funcionarios públicos y representantes del sector privado, empresas, cámaras, consultoras, ONG u otros actores que busquen influir en decisiones del Estado.
En términos simples, el proyecto busca establecer reglas claras sobre cómo se realizan las gestiones de lobby o representación de intereses ante funcionarios públicos, obligando a registrar y dar publicidad a esas reuniones y contactos.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
Creación de un régimen de transparencia para las gestiones de intereses realizadas ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo Nacional.
Definición de “gestión de intereses” como cualquier actividad destinada a influir en decisiones públicas, normativas, regulaciones, contratos o políticas estatales.
Obligación de registrar reuniones, audiencias, comunicaciones o intercambios entre funcionarios y actores privados.
Publicación de información vinculada a esas interacciones, incluyendo participantes, temas tratados y objetivos de la reunión.
Búsqueda de mayor trazabilidad y control ciudadano sobre el proceso de toma de decisiones públicas.
Complementación de normas ya existentes, como la Ley de Ética Pública y el régimen de Acceso a la Información Pública.
El Gobierno fundamenta la iniciativa señalando que actualmente existe un vacío normativo y que, si bien ya hay antecedentes regulatorios (como el Decreto 1172/2003), no existe una ley integral que regule de manera uniforme esta actividad.
Estado parlamentario:
Actualmente NO es una ley vigente. Se trata de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso el 22 de mayo de 2026. El expediente figura como P.E. 184-26 y se encuentra en trámite parlamentario para su tratamiento legislativo. Es decir, todavía debe ser debatido y aprobado por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley.