Les compartimos un resumen de los principales puntos de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso el 26 de diciembre y reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La norma introduce un cambio profundo en el enfoque del sistema tributario, pasando de un régimen de presunción de culpabilidad a uno basado en el principio de inocencia fiscal, con el objetivo de incentivar la bancarización de ahorros y reducir la presión penal y administrativa sobre contribuyentes considerados de buena fe.
Principales novedades:
Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias
Adhesión online con un solo click.
El impuesto se calculará únicamente sobre ingresos y egresos, sin considerar gastos ni variaciones patrimoniales.
Aplica a personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones.
La declaración jurada será confeccionada por ARCA en base a la información disponible.
Blanqueo y bancarización de fondos
Se podrán declarar y depositar hasta $1.000 millones (aprox. USD 689.000) sin pago de Ganancias.
Busca facilitar el ingreso al sistema formal de ahorros no declarados.
Cambios en el régimen penal tributario
Se eleva el umbral de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones.
La evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones.
La prescripción del delito por evasión se reduce de 5 a 3 años.
Si el contribuyente paga capital, intereses y multas, se extingue la acción penal.
En causas ya iniciadas, se permite el cierre pagando la deuda más un adicional del 50%, dentro de los 30 días (beneficio utilizable una sola vez).
Nuevo enfoque de fiscalización
ARCA concentrará los controles en unos 11.000 grandes contribuyentes, que representan el 80% de la recaudación.
El resto del padrón (aprox. 10 millones de contribuyentes) operará con mayor flexibilidad y menor carga administrativa.
En conjunto, la reglamentación apunta a simplificar el cumplimiento fiscal, reducir la litigiosidad penal y promover un “blanqueo permanente” mediante incentivos a la formalización y bancarización.