Rumbo a 2026: deuda, dólares y estrategia de financiamiento
Con un dólar mayorista situado por debajo de la banda superior, se pronostica calma en el plano cambiario de cara a fin de año, inclusive considerando el cobro de aguinaldo y las fiestas de fin de año. Y es que el dólar mayorista se sitúa por el orden de los $1.445 contra una banda de $1.511. Los contratos de dólar futuro también muestran esta tendencia de calma (cierre en $1.487 para diciembre y de $1.495 para enero). Este cambio en la demanda de dólares relaja las posiciones de cara a los vencimientos de enero donde el Gobierno debe cubrir aproximadamente USD4.200 millones. Sin embargo, aún está pendiente que las reservas netas se incrementen y es por esta razón que estaría prácticamente descontado un Waiver del FMI para la revisión de enero. La falta de acumulación de divisas va a empezar a pasar factura más temprano que tarde, sobre todo si consideramos la alta carga de vencimientos a afrontar en 2026. Por el lado de las inversiones, y de cara al pago de los aguinaldos, la opción recomendada es el posicionamiento en el Wise Capital Saving que en lo que va del mes muestra rendimientos de 1.33% superior al plazo fijo mayorista.
Deuda, dólares y estrategia de financiamiento
Mientras el debate político se concentra en el Congreso, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales, en el plano financiero empiezan a delinearse con mayor claridad los pilares de la estrategia que el Gobierno busca consolidar de cara a 2026. En los últimos días, la atención del mercado estuvo puesta en la emisión del bono AN29, mediante la cual el Tesoro consiguió cerca de una cuarta parte de los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de enero, aunque a una tasa de corte superior a la prevista. Más allá del costo, la operación fue interpretada como una señal positiva: marcó el regreso de la Argentina al mercado local de deuda en dólares y abrió una puerta, todavía lejana, a una eventual vuelta al financiamiento internacional, condicionada por un riesgo país que sigue elevado. Con el vencimiento del 9 de enero como próximo desafío, el foco se desplazó hacia las alternativas para completar los dólares faltantes. La primera respuesta llegó por el lado del mercado cambiario: el Tesoro retomó las compras y sumó USD220 millones en una sola jornada, luego de haber adquirido USD50 millones el día previo. A esto se agregan los USD700 millones que el Gobierno espera captar en el corto plazo a través de la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia. En paralelo, el equipo económico evalúa otras opciones, entre ellas un REPO, un nuevo tramo del swap con Estados Unidos e incluso la posibilidad de emitir un nuevo Bonte. Al mismo tiempo, Finanzas logró cerrar la última licitación en pesos con un rollover del 102% sobre vencimientos cercanos a los $20 billones, sin convalidar tasas significativamente más altas. Más allá del resultado nominal, el dato clave fue la extensión de plazos: el Tesoro logró llevar vencimientos hasta 2027, reduciendo la concentración de pagos en el corto plazo. En este escenario, la curva en pesos quedó ofreciendo rendimientos de entre 25% y 30%, lo que mantiene el atractivo de los instrumentos ajustados por CER dentro de la estrategia financiera oficial.
En una nota publicada en Infobae comentamos: “Aunque el ministro Luis Caputo había anticipado que esperaba cerrar la tasa apenas por debajo o en torno al 9%, el resultado fue bien recibido por el mercado. Los fondos obtenidos se usarán para afrontar los pagos de los Bonares 2029 y 2030 en enero de 2026, compromisos que suman casi USD1.200 millones, aunque aún quedan por resolver otros USD3.300 millones”.
El repo, las reservas y la hoja de ruta financiera
El cierre financiero de 2025 entra en una etapa decisiva. Tras la colocación del Bonar 2029 por USD1.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe definir la estrategia para cubrir los vencimientos con privados de enero de 2026, en especial los USD4.500 millones que caen el día 9. En ese marco, el foco inmediato del mercado está puesto en la concreción de un repo con bancos, una herramienta clave para asegurar los pagos sin presionar sobre las reservas del Banco Central. Poder refinanciar deuda con nueva deuda, sin aumentar el stock total, resulta central para la estrategia oficial: evita que el BCRA deba desprenderse de dólares. Caputo ya anticipó que, con el retorno gradual al mercado de crédito, el Banco Central podría volver a acumular reservas, apalancado en una mayor demanda de pesos, con estimaciones que van desde USD7.000 millones hasta USD14.000 millones, según la evolución de esa variable. En el corto plazo, sin embargo, la prioridad es cerrar el repo al menor costo posible para afrontar el vencimiento de enero. La expectativa oficial es que, una vez aprobado el Presupuesto 2026 y avanzadas reformas clave como la laboral, el riesgo país comience a ceder, habilitando emisiones en moneda extranjera bajo ley externa a tasas más competitivas hacia comienzos del próximo año. A más largo plazo, el objetivo compartido entre el Gobierno y el FMI es ir reemplazando progresivamente la deuda con el organismo por financiamiento de mercado. Es un proceso gradual, que tendría su punto de partida en 2026, apoyado en nuevas emisiones, la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit primario. En el frente doméstico, la última licitación en pesos dejó señales positivas: un rollover del 102%, con tasas en baja y plazos más largos. La continuidad del proceso de desinflación será determinante para profundizar esa tendencia durante 2026, en un contexto internacional que muestra mayor apetito por activos de mercados emergentes. Los desafíos financieros del próximo año siguen siendo relevantes. Sin embargo, comparada con la situación heredada a fines de 2023, la posición actual luce sensiblemente más sólida. Y eso, para el mercado, no es un dato menor.
El mercado apuesta a estabilidad cambiaria y descarta sobresaltos hasta el otoño de 2026
Los precios implícitos en los contratos de dólar futuro reflejan una expectativa de calma cambiaria de cara al verano de 2026 y validan la continuidad del actual esquema de bandas de flotación. Para el mercado, el tipo de cambio se mantendría por debajo del techo de la banda al menos hasta abril, una señal de confianza en la política cambiaria y de bajo riesgo de episodios de volatilidad en el corto plazo. El dólar oficial cerraría el año en torno a $1.487, subiría a $1.495 a fines de enero y a $1.503 en febrero. En marzo se ubicaría cerca de $1.519, avanzaría a $1.535 en abril y alcanzaría alrededor de $1.551 hacia fines de mayo de 2026, siempre dentro de los márgenes previstos por el esquema vigente. Este sendero es el que hoy guía las decisiones de inversión. Cualquier alteración en las reglas cambiarias podría introducir ruido en el mercado de bonos y modificar las expectativas sobre el dólar. Por eso, aunque algunos precios sugieren que podrían evaluarse ajustes más adelante, el consenso no descuenta cambios inmediatos en el régimen de bandas. El viernes, el mayorista finalizó en $1.441. En tanto, los financieros se ubicaron en $1.478,73, para el caso del MEP, y en $1.510,93 (CCL). De esta manera, las brechas se ubicaron en 2,62% y 4,85%, respectivamente.
Se desploma la demanda minorista de dólares tras las elecciones
El Banco Central informó que, una vez superado el proceso electoral, la compra de dólares por parte de personas físicas se redujo de manera abrupta. En noviembre, la demanda neta rondó los USD1.100 millones, muy lejos del pico de USD5.300 millones registrado en octubre, cuando la incertidumbre política había llevado las operaciones a niveles récord. La información fue presentada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores, y mostró un cambio claro en el comportamiento de los ahorristas en el primer mes posterior a los comicios, en un contexto sin restricciones cambiarias vigentes desde abril. Del total adquirido en noviembre, unos USD600 millones se explicaron por gastos vinculados al turismo en el exterior, cerca de USD400 millones por compras en el mercado oficial y alrededor de USD200 millones por atesoramiento. El contraste es marcado frente a octubre, cuando la demanda para ahorro había alcanzado USD4.600 millones, reflejando una mayor búsqueda de cobertura previa a las elecciones. Desde la eliminación del cepo, las personas físicas acumularon compras por unos USD30.400 millones. De ese total, USD7.200 millones quedaron en depósitos locales, USD5.900 millones se destinaron a turismo, USD6.500 millones a importaciones y consumos con tarjeta, y USD10.100 millones se registraron como “gastos en activos externos”. Según el propio BCRA, este último concepto estuvo en parte asociado a estrategias financieras que combinaban la compra de dólares con operaciones de bonos para aprovechar la baja brecha cambiaria, un mecanismo que fue limitado a fines de septiembre tras comenzar a presionar sobre las reservas y el techo de la banda cambiaria.
“Inocencia Fiscal”: el plan oficial para sacar los dólares del colchón
El proyecto de “Inocencia Fiscal” apunta a incentivar el uso de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, con el objetivo de remonetizar la economía. Según estimaciones del presidente Javier Milei, esos ahorros oscilarían entre USD200.000 millones y USD400.000 millones. En un contexto de elevada informalidad del ahorro, el Gobierno busca ofrecer seguridad jurídica como incentivo central. En ese marco se inscribe el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya disponible en la plataforma de ARCA y a la espera de respaldo legislativo. El esquema está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas residentes, con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones, y excluye a sociedades y fideicomisos. La iniciativa eleva umbrales para operaciones bancarias y en billeteras virtuales, elimina regímenes informativos y establece que quienes adhieran pagarán Ganancias solo sobre lo facturado, independientemente de la evolución patrimonial o el nivel de consumo. Además, introduce el “efecto liberatorio del pago”, que considera cumplidas las obligaciones del impuesto para el período fiscal correspondiente. El proyecto también incorpora la presunción de exactitud de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA, aunque habilita al fisco a impugnarlas ante inconsistencias relevantes. A su vez, actualiza los montos mínimos para delitos tributarios y crea mecanismos de extinción de la acción penal mediante el pago de deudas e intereses. Desde el 1 de junio, los contribuyentes ya pueden adherir al nuevo régimen simplificado.